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EL DEBATE DEL NUEVO SISTEMA DE REGALÍAS: UNA GRAN DEUDA DEL 2020

By 3 agosto, 2020 No Comments

A finales de 2019 se aprobó en el Congreso de la República el Acto Legislativo 05 de 2019 que modificó -a menos de diez años de haberse dado la anterior reforma- la distribución de las regalías en el país. El sector extractivo pasaba por un mal momento ya que su imagen estaba bastante golpeada, y se advertía un alto rechazo a los proyectos y conflictividad social a lo largo y ancho del país. Una de las razones que puede explicar esta crisis está relacionada con las tensiones que se dieron entre el gobierno nacional de un lado, y los entes territoriales y las comunidades de otro, por la reducción significativa de las regalías directas a las regiones productoras. Otros motivos se relacionan con la imposición de proyectos desde el centro sin tener en cuenta la vocación y uso del suelo del territorio, la adjudicación de títulos y contratos de concesión en áreas de especial protección, la ausencia de mecanismos de participación ciudadana para la vinculación activa de las comunidades, entre otros.

Por ello, el Acto Legislativo de 2019 volvió a aumentar estas asignaciones directas nada menos que en detrimento del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), el cual pasó del 15,9% estipulado en el acto del 2011, al 3,2%. Precisamente, llama la atención que en medio de esta apremiante coyuntura de crisis sanitaria, el gobierno nacional pudo echar mano del FAE junto con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para orientar recursos y atender la pandemia del COVID-19 a través de la creación del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome).

Este es tan solo uno de los cambios drásticos y estructurales que trajo el nuevo Acto Legislativo que amerita una gran discusión por las repercusiones futuras, si se tiene en cuenta la disminución de los ingresos que se avecina. Además, el espíritu de “desconstitucionalización” del manejo de las regalías para priorizar “lo esencial” (como lo afirmó en su momento la viceministra de minas) dejó un peso importante a la reglamentación que, sin duda, debió haberse dado en un marco amplio de debate público tanto nacional como regional y local.

De hecho, el Acto Legislativo 05 de 2019 estableció términos de tiempo concretos para este proceso; es así como en el parágrafo 2 del artículo 1 se otorga el plazo, al gobierno nacional, hasta el 30 de marzo de 2020 para radicar el proyecto de ley en el Congreso y, además indica que  si para el 30 de agosto el legislativo no había expedido la ley se facultará por un mes al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley que garanticen la operación del Sistema de Regalías, según el nuevo marco constitucional.

Sin embargo, nadie tenía presupuestado la rápida expansión de la pandemia y las medidas que tuvieron que adoptar muchos países del globo para enfrentarla. En Colombia, el aislamiento preventivo obligatorio temprano, que se declaró bajo el argumento de ganar tiempo para preparar el sistema de salud -situación que aún no se ha materializado completamente- comenzó el 25 de marzo como una medida temporal por 14 días; no obstante, el confinamiento se ha extendido 8 veces, y en estos momentos va hasta el 31 de agosto. Es decir, bajo las decisiones actuales, duraremos un poco más de 5 meses con restricciones a la circulación, a la educación, al ejercicio de actividades económicas, a las reuniones, entre otras.

A pesar de entender la intención de proteger la vida y salud de la ciudadanía, esta medida inevitablemente atenta contra el régimen democrático por la restricción a las libertades y derechos ciudadanos; además, si  sumamos la declaración de estado de emergencia que le permitió al ejecutivo expedir más de 400 normas mientras el Congreso comenzó a sesionar un mes después -en abril-, evidencian claramente los riesgos para el ejercicio de la democracia.

Paradójicamente, la pandemia se convirtió en un salvavidas para el gobierno nacional respecto a los cronogramas estipulados por el acto legislativo 05 de 2019. En abril, cuando iniciaron sesiones informales en el Congreso, la Comisión V convocó al gobierno nacional para conocer el estado de avance del proyecto de reglamentación. En ese momento el gobierno afirmó que había alcanzado a avanzar en un 80% en la consulta previa, pero que el confinamiento había frenado la culminación del proceso. Siempre quedará la duda si realmente hubiera alcanzado a cumplir con el plazo estipulado ya que estaba a menos de una semana de vencerse.

Ahora, meses después, recién iniciado un nuevo periodo legislativo y el ministro de minas, en otra sesión de la Comisión, asegura que terminará el proceso de consulta previa en lo que resta del mes de julio y radicará el proyecto de ley el 3 de agosto.

En este escenario, se advierte que el legislativo tendría alrededor de veinte días para debatir este asunto trascendental que tiene grandes repercusiones para las y los colombianos. Una deliberación que debería enmarcarse en un mundo y país distinto a aquel en el que se aprobó el acto legislativo el año pasado, en donde las prioridades eran otras y tal vez se contaba con mayor optimismo. La nueva realidad imprime la necesidad de repensar el uso de las regalías, la vinculación de la ciudadanía en la toma de decisiones, las apuestas que realmente se traduzcan en desarrollo regional, en proyectos de inversión de gran impacto, en la diversificación de nuestra economía para dejar la dependencia de un recurso que se agota, y comenzar ya la transición energética, entre muchos otros temas. Definitivamente 20 días no alcanzan para dar el debate con la profundidad y calidad que amerita, bajo el supuesto de que se radique. Esta es otra de las grandes deudas que nos deja el 2020, al parecer, perdimos la oportunidad de “oro” para redireccionar el rumbo que debe tomar nuestro país en un escenario de postpandemia.

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