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Comunicado ante el Decreto 444 del 22 de marzo de 2020: Golpe a la autonomía de las entidades territoriales

By 23 marzo, 2020 junio 28th, 2020 No Comments

 

El presidente Duque decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, amparándose en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar las consecuencias adversas de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Como parte de esta declaratoria que lo faculta para expedir decretos sin pasar por el control del Congreso y sólo con la firma de los Ministerios, con el objeto de hacer más rápida la acción del gobierno, el día de ayer el presidente expidió el Decreto 444 de 2020 que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME.

El Decreto determina que el FOME estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que se encargará de su administración y de la distribución de los recursos asignados y operaciones financieras que se consideren. Para darle liquidez al FOME, se tomará, a manera de préstamo con 0% de interés, los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE establecido en el Sistema General de Regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales que están en las cuentas de la nación y de las vigencias 2020, 2021 y 2022. Estos dineros se comenzarán a amortizar a partir del 2023. El Decreto también faculta a este Ministerio para que considere otras fuentes si los recursos se agotan para cumplir con las necesidades de liquidez que plantea la contención del COVID-19.

Los recursos del FOME se utilizarán para cuatro asuntos: i) atender las necesidades financieras de las entidades que reciben recursos del presupuesto general de la nación; ii) pagar los costos generados por la creación, funcionamiento y uso de los recursos del FAE y el FONPET; iii) efectuar operaciones transitorias que contribuyan a la liquidez del sistema bancario; invertir en instrumentos de capital o de deuda emitidos por las empresas privadas, públicas o mixtas y/o proveer dineros para el sostenimiento de estas empresas; y, iv) dar fluidez a la acción del gobierno en los eventos y tiempos que se consideren necesarios.

De manera adicional, el Decreto le da la posibilidad al FOME de utilizar recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria FRECH, destinados a la implementación de programas de vivienda de interés prioritario para inyectar dinero o darle sostenibilidad a algunas operaciones de crédito realizadas por entidades financieras como compra de cartera comercial, de consumo y de leasing.

A pesar de que se entiende que el presidente debe atender las necesidades financieras impuestas por el COVID-19, y que los recursos tienen que salir de alguna parte, el contenido del Decreto es polémico por lo menos en cuatro temas. En primer lugar, va en contravía de la Ley 549 de 1999 y sus posteriores reformas y de sentencias de la Corte Constitucional como la SU 095 de 2018, que han señalado que los recursos del FONPET son de las entidades territoriales y, por lo tanto, no pueden ser utilizados de manera unilateral por el gobierno nacional.

En segundo lugar, es un hecho poco transparente que desde la presidencia y el Ministerio de Hacienda se quiera profundizar el modelo de centralización de los recursos públicos aprovechando la coyuntura de emergencia que vive el país, quitándole fuentes de financiación a los municipios y departamentos que están viviendo la mayor carga del COVID-19: aumento del desempleo, aumento de la demanda social en el sistema de salud local, atención a población vulnerable, entre otros; lo cual significa que estas entidades territoriales deberían contar con mayores recursos para atender estas problemáticas o por lo menos participar en las decisiones sobre la administración, uso y distribución de las rentas establecidas para enfrentar el coronavirus.

En tercer lugar, el raponazo a las entidades territoriales es significativo, algo más de COP$14,5 billones del FAE y el FONPET. Aunque se plantea que estos recursos son un préstamo que se amortizará desde el 2023,  es una medida que dejará aún más debilitada la estructura financiera de los municipios y departamentos en medio de una situación de parálisis productiva y aislamiento social impuesto para frenar la extensión del COVID-19 en el país. Y lo que es peor, el plazo para que el gobierno devuelva estos recursos puede ser de hasta 15 años, es decir, dinero a cuentagotas que no contribuirá para nada en impactar positivamente las finanzas locales.

De otro lado, la principal crítica está en la destinación del recién creado FOME; las alarmas saltan de todos lados cuando se incluye la posibilidad de efectuar operaciones de liquidez para autofinanciar los desajustes presupuestales del gobierno central o inyectar liquidez a entidades del sistema financiero privado o empresas que el Ministerio de Hacienda considere de interés nacional. No sólo se deja por fuera el fortalecimiento del sistema de salud público, principal prioridad que debería considerar la inyección de recursos, sino que, además, tampoco aparece el impulso a las medidas de alivio social que han reclamado los mandatarios territoriales. Al respecto, recordemos las medidas tomadas del 4 por mil, implementado hace más de una década para salvar a los bancos, que luego se convirtió en una medida permanente sin beneficio para la población.

Ante la ola de críticas que se están dando respecto al Decreto 444, el gobierno nacional no sólo debe dar las explicaciones correspondientes, sino que además tiene la obligación de corregir los errores y concertar su contenido con las autoridades territoriales, con el propósito de no abrir un nuevo capítulo de discrepancias y de ruptura en la acción estatal. En este momento de emergencia lo que se espera es la definicion y puesta en marcha de estrategias unificadas, coordinadas y articuladas para actuar y enfrentar la amenaza nacional impuesta por el COVID-19.

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